La muerte de una mujer en Oviedo tras caerle encima una cornisa ha alarmado a los vecinos y ha reabierto el debate sobre el control de los edificios.
Calle Uría, número 16; misma vía, unos cuantos portales más adelante, en el 74; El Peso, 9; La Tenderina, 49; San Francisco, 4; y Argüelles, 19. Son todos edificios de la ciudad acordonados o andamiados por su mal estado, porque las cornisas corren riesgo de caerse, porque el Ayuntamiento ha declarado a las construcciones en ruina tras la dejadez de sus propietarios en el mantenimiento, o simplemente, porque su interior se derrumbó.
La lista podría ampliarse a muchos más inmuebles de la ciudad, pues según apuntan algunos arquitectos, entre los años 40 y 70, en la posguerra, se reconstruyó con bajas calidades. Los datos del último censo sobre población y vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística señalan que en ese periodo se construyeron unas 22.000 viviendas en Oviedo. Edificios que de momento nadie controla: el Ayuntamiento aguarda la redacción de una normativa regional sobre la inspección técnica de edificios, un texto que obligará a comprobar el estado de todas las fachadas. Aunque llegará tarde para una familia.
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La normativa sobre las inspecciones a las que dentro de poco tendrán que someterse todas las construcciones de más de 50 años de antigüedad y que en Asturias lleva retraso, pues aún está pendiente de la aprobación de una normativa regional.
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La labor de esas inspecciones es precisamente «la de garantizar la seguridad estructural del edificio, la cubierta y el saneamiento. Está precisamente para evitar sucesos como el que ocurrió el pasado domingo», explica el presidente del Colegio de Aparejadores del Principado, José Antonio Fernández Laborda.
No en vano, tras el suceso, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos comprobaron subidos en su autoescala la poca seguridad que presentaban los elemento ornamentales del edificio, construido en 1962. Esos voladizos estaban unidos a la estructura central simplemente con mortero, sin ningún tipo de anclaje. El informe del Ayuntamiento ha dado un mes a la propiedad para que presente un proyecto con dos alternativas: trabajos para asegurar los voladizos o la retirada de todos ellos. Entre tanto, se ha instalado un andamio con paso peatonal para evitar que posibles nuevos desprendimientos dejen más víctimas.
La preocupación entre los vecinos de la ciudad se ha incrementado estos días. La centralita de Bomberos cada vez recibe más llamadas por desprendimientos. Solo en esta semana, han tenido que acordonar otros tres edificios por caída de cascotes y en lo que va de año ya han realizado 50 intervenciones de saneamiento de fachadas. En todo 2012 se realizaron 110, siempre tras algún desprendimiento o por llamadas de los vecinos. Porque nadie se dedica a controlar que los propietarios mantienen sus edificios en correcto estado, de forma que se garantice la estabilidad y la seguridad. Algo que por ley no debería ser así.
Obligación de la Ley del Suelo
La Ley del Suelo ya contempla la obligatoriedad de los propietarios de mantener en correcto estado los inmuebles y la de la revisión que deben hacer las administraciones. «Si no realizan esas arreglos requeridos por el Ayuntamiento, debe ejecutarlos el propio Consistorio y luego exigir los gastos», cuenta Araujo. Algo que no se hace, de ahí que surgiera la necesidad de establecer un decreto ley para regular las inspecciones. Serán arquitectos o arquitectos técnicos quienes realicen los informes. Estos últimos «somos los consultores de cabecera. No solo porque podemos realizar el informe, sino también porque podemos garantizar un seguimiento de las obras», subraya Fernández Laborda.
La pregunta que muchos vecinos se hacen ahora es cuánto costarán los informes o si solo otra ley para sacar dinero. Según los arquitectos técnicos, un estudio puede costar entre 400 y 800 euros, dependiendo de la extensión del edificio. «Si el mantenimiento es correcto no tendrán que realizarse más obras. Además, la responsabilidad civil que tienen que atender en el caso de que ocurra algo es mucho más elevado», razonan los aparejadores.
El problema es que los pequeños propietarios son reacios a realizar obras de mantenimiento en los edificios. Así lo ve la vicepresidenta del colegio de Administradores de Fincas, Ángeles Martínez. «Lamentamos mucho lo que pasó la pasada semana, pero a veces por muchas inspecciones que se hagan las cosas pasan. En todo caso, no cabe duda de que con la crisis la gente alarga los arreglos de sus edificios. Es reacia a realizar obras», cuenta. Si el deterioro no es muy evidente, «cerca del 40% de los propietarios de las comunidades se niegan a hacer obras. Piensan que les estás intentado engañar».
Es tarea de los administradores «velar por el buen régimen de la casa y advertir a los titulares de ellos». Pero luego, los acuerdos se aprueban por mayoría. «Si se vota que no, no podemos hacer nada. Y nadie revisa las fachadas, solo hay que pasar las de ascensores y piscinas», explica Martínez. En todo caso, apunta, «son necesarias subvenciones para que los vecinos afronten la ITE», para que los edificios sean seguros.
El Comercio
05.05.13 – IDOYA REY
NorteITE 